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Conferencia de Margarita Suzán y Cristián Calónico

Al iniciar mi intervención agradezco en nombre de Cristián Calónico -quien hoy no pudo estar presente- y en el mío propio, la invitación de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a participar en las Segundas Jornadas de Antropología Visual. El texto al que a continuación doy lectura es el producto de las reflexiones de ambos en torno al asunto que nos ocupa.

El documental, y en especial el de carácter social, se constituye en un instrumento válido para descubrir, registrar y difundir las más diversas manifestaciones de una sociedad y una cultura viva. La efectividad que puede alcanzar el desempeño de cualquiera de estas funciones dependerá ciertamente de la expresividad, el dramatismo y la fuerza movilizadora que logre el lenguaje de las imágenes filmadas, y a la vez, estas cualidades han dependido hasta ahora del realizador y su equipo, de su capacidad profesional y creativa, y de su intencionalidad político-ideológica. Una constante tanto del cine documental como del cine en general es la necesidad de dirigirse a un espectador masivo, lo cual entra en conflicto muy pronto con la defensa de la libertad creativa e inclusive con el derecho de agitación a partir del razonamiento y de la emoción.

Cito a Margarita Ledo Andión: "A partir de la máquina como un elemento esencial, de la elección como primer acto creativo del autor, como su signatura original, y de la entrada en campo del espectador como persona con expectativas que son resultado de determinado sistema cultural que opera y sobre el que se puede operar, que se modifican al tiempo que originan un nuevo sujeto: las masas, es que el documental interviene para hacer visible un ideario y una propuestas que continúan creciendo y validando a este género cinematográfico." (Vanguardia y pensamiento documental como arte aplicada. En Documental y Vanguardia)

De ahí que el documentalista requiera del despliegue sin cortapisas de su pasión, misma que propiciará que otros disfruten de la poesía cotidiana, del dolor que no se conoce, de los matices de un mundo a menudo blanco y negro, de un punto de vista que se pretende transformador y duradero.

Me refiero ahora al vehículo, a la relación que se construye entre realizador y espectador en palabras de Jesús Galindo Cáceres:" Los grandes centros de poder han tenido muy clara la imagen de los medios asociada a la información. De lo que se trata es que unos promuevan en otros lo que ellos piensan, aprecian, suponen, necesitan. El gran evento de la propaganda en la Segunda Guerra Mundial, que dio inicio a la indagación programática de los efectos de los medios, está centrada en una voluntad imponiéndose a otras, no hay comunicación, sólo un sistema de información ganando territorio para beneficio de quien lo patrocina. Todos los usos contemporáneos de los medios siguen ese patrón, alguien busca algo de alguien, lo indaga, confecciona mensajes para persuadirlo, lo expone a ellos, y evalúa su eficiencia y eficacia. No hay comunicación, sólo manejo de información por parte de una voluntad interesada en obtener sus fines (...) Queda claro que hay muchos comportamientos sociales que están en el mismo orden de acción, todos ellos forman parte de una cosmovisión, la del dominio de unos sobre otros. En esta dominación es clave la información, la que se obtiene del objeto de poder y se encamina hacia el sujeto de un enorme campo de posibilidades. Esta cosmovisión actúa en los medios electrónicos, la prensa y el cine; aquí no hay comunicación, hay dominación, pero también (empieza a haber) resistencia." (Hacia una comunicación posible.)

¿Existe una definición de ese preciado sujeto llamado espectador, auditorio, público, pueblo, masas? No es este el momento, ni tampoco esta indagación, el tema de nuestro trabajo, sólo se nos hace necesario apuntar que el "origen" del debate te remonta al siglo XV cuando Maquiavelo decía: "Aunque ignorante el pueblo sabe distinguir la verdad" (Discorsi. Libro 1), y según Rousseau una sociedad moderna no es pensable "si no se constituye por la voluntad general que es la que constituye el pueblo como tal". Vendrían después los conceptos anarquistas, y Marx y la lucha de clases y durante los siglos subsecuentes la enormidad que adquieren las explicaciones según son estudiadas por las distintas disciplinas científicas o abordadas desde las ideologías.

En el contexto del tema que se desarrolla se hace indispensable encontrar aquella que contiene al pueblo y su cultura, a las masas y a los medios para informarlas o enajenarlas, por ello es que citamos a Jesús Martín Barbero (Dla cultura de masase los medios a las mediaciones): " Queda la denominación de popular atribuida a la cultura de masas operando como un dispositivo de mistificación histórica, pero también planteando por primera vez la posibilidad de pensar en positivo lo que les pasa culturalmente a las masas. Y esto constituye un reto: la necesidad de incluir en la discusión de lo popular no sólo aquello que culturalmente producen las masas sino también lo que consumen, aquello de lo que se alimentan y que no sólo se debe reducir al producto comercial hoy en día llamado ‘cultura de masas"

En este diálogo que hemos reconstruido a partir de las distintas voces, como acostumbramos, de los protagonistas, toma la palabra el documentalista argentino Miguel Mirra (El documental en movimiento) " Todo documental es un enunciado en imágenes abierto que se crea o se descubre bajo la dialéctica social de la verdad y la realidad. El documentalista no debe ser un historiador en el sentido empobrecedor, es decir, no debe ser un especialista cuya práctica profesional se autolegitima a partir de la reconstrucción de fragmentos del pasado, práctica anclada en un territorio reducido y un espacio microscópico, descuidando cualquier interpretación global de la totalidad social. Hay un salto cualitativo necesario en las definiciones y las acciones documentalistas que implica, entre otras cosas, una táctica de rupturas y construcciones de imágenes sucesivas y escalonadas. Romper con la negación del filosofar político en beneficio de cierta inmaculada concepción del documental científica y políticamente correcto. Romper con el mito de la objetividad. Romper con la idea del documentalista ignorante, ciudadano de segunda categoría que goza fanáticamente con el descubrimiento de su mirada ante el espejo de su vanidad financiada burocráticamente. Romper con los sectarismos y las auto proclamaciones. Romper con los chovinismos. Romper con la negación de la estética y de la poesía".

Como fácilmente se comprenderá, el realizador de documentales que se identifica con los anteriores asertos y quien, por lo general utiliza la video como soporte técnico, requiere de una absoluta independencia para producir un bien cultural que en sí mismo no es la revolución, es su contribución a una cierta transformación de la sociedad, sólo eso.

Esto, en cuanto a lo que hemos conversado en torno a nuestros propios quehaceres y los de nuestros colegas cuya ventana natural debería ser la televisión, además de los circuitos alternativos que con muchos esfuerzos, se han ido construyendo. Pero, ¿qué televisión? En México es indiscutible la apertura, de unos años para acá, de las televisoras públicas a la transmisión del género documental, pero aun esta posibilidad, largamente demandada se encuentra hoy en peligro de desaparición. No pensemos, en estas circunstancias, en la concesión de frecuencias privadas que se dedicaran a la difusión de documentales con las características antes descritas.

La historia, narrada a partir de la excelente información que nos brinda el diario La Jornada ha sido como sigue:

La reforma electoral de 1996 abrió las puertas a un macrofinanciamineto de los partidos políticos y a una dinámica político electoral sustentada en la mercadotecnia y la radio y la televisión, ya desde entonces asentadas en un sistema de concesiones otorgadas de manera oscura iniciaron una escalada de bonanzas económicas y de apropiación de poderes que se vio fortalecida con la llegada de Vicente Fox al poder. Tiempo después, la Secretaría de Gobernación instaló varias mesas para trabajar la reforma del Estado, entre ellas la que analizó la reforma integral de los medios de comunicación y que se conformó, además de las autoridades, por grupos y organizaciones de la sociedad civil, comunicadores, académicos y especialistas en el tema, cuyas labores se interrumpieron por un acontecimiento así descrito por Luis Javier Garrido: " En marzo de 2001 Fox acudió a un acto en Televisión Azteca, durante el cual elogió a la televisora del Ajusco como una empresa modelo para México, y poco después, en un convivio con los dirigentes de Televisa, anunció una nueva reglamentación de las relaciones de los medios-Estado que terminaba con la obligación fiscal de los concesionarios de pagar a éste sus impuestos con 12.5 por ciento de su tiempo: el llamado decretazo del 10 de octubre de 2002"

El 7 de octubre, un grupo de ciudadanos publicó un desplegado titulado: Llegó la hora. México, te queremos ver en el que se afirmaba: "Necesitamos y queremos la apertura de nuevas redes nacionales, de más canales locales, concesionados a empresas, a conglomerados de medios, a organizaciones sociales comprometidas y capaces de competir libre y limpiamente para elevar la calidad de la televisión nacional.

Necesitamos y queremos la creación de un instituto ciudadano que acote la discrecionalidad del Ejecutivo, regule la entrega, renovación y operación transparente de las concesiones e impida la concentración monopólica.

Necesitamos y queremos el fortalecimiento de la televisión cultural y la transformación de los canales gubernamentales en televisión pública.

Exigimos el establecimiento inmediato de reglas claras para la equitativa competencia electoral de los partidos políticos en la televisión"

El 27 del mismo mes, el senador panista Javier Corral Jurado, presidente de la subcomisión encargada de dictaminar a la Ley Federal de Radio y Televisión, puntualizaba que debido a la concentración monopólica de las concesiones para televisión, los medios electrónicos compiten con el Estado por ser el primer poder y en los años recientes "están sustituyendo no sólo a la política, sino a los poderes constitucionales nacidos de nuestra democracia reciente"

Dos concepciones para legislar sobre los medios de comunicación, la una concebida y estructurada desde la sociedad misma y aceptada por la Cámara de Senadores para su análisis y dictaminación. En octubre de 2004, una comisión nombrada especialmente en dicha Cámara tenía formulada una nueva propuesta de Ley que tenía como puntos centrales los siguientes:

1. Combatía el monopolio que controla la radio y la televisión en México, país en el que dos empresas de televisión controlan el 80 por ciento de las concesiones y 13 grupos radiofónicos hacen lo propio en la radio.

2. Eliminaba la asignación directa de las concesiones y se imponía a un concesionario un tope máximo de 35 por ciento del total de la cobertura o de los ingresos del sector en una plaza.

3. Planteaba la apertura al establecer a los medios de comunicación públicos como medios de interés público y social puesto que cumplen un servicio fundamental para el país.

4. Organizaba un esquema equitativo a los partidos políticos en el acceso a los medios en el que el Instituto Federal Electoral controlaba la contratación de publicidad.

5. Desaparecía a las distintas instituciones reguladoras actuales para dar paso a un Consejo Nacional de Telecomunicaciones, integrado por ciudadanos de reconocida solvencia moral, cuyo nombramiento y duración trascendiera los tiempos del cambio de gobierno.

Sorpresivamente, el 1 de diciembre de 2005 la Cámara de Diputados aprobó un paquete de modificaciones y adiciones a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, que además de regular con licitaciones públicas el esquema de concesiones, otorga innumerables beneficios al duopolio televisivo. El dictamen se votó, en siete minutos, por 327 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Las reformas aprobadas convertían a este instrumento jurídico, en una ley hecha a modo de los intereses dominantes pues las concesiones se otorgarán mediante subasta pública; no limita su adquisición; las radios comunitarias y la televisión pública no son tomadas en cuenta en su carácter de interés público al prohibir la búsqueda de esquemas alternativos de financiamiento para hacer frente a la conversión tecnológica que obligatoriamente habrán de experimentar en un plazo de 3 años; no crea ninguna instancia reguladora del contenido de los mensajes y recorta las funciones y atribuciones de las ya establecidas; hace desaparecer el acceso equitativo de los partidos a los medios electrónicos, en virtud de que éstos pueden contratar directamente los espacios. Se supone que será el IFE quien pague las cuentas.

En el artículo 72-A se plantea lo siguiente:
"Los concesionarios que cubran con producción nacional independiente a menos un veinte por ciento de su programación, podrán incrementar el porcentaje de tiempo de publicidad a que se refiere el reglamento de esta ley, hasta en un cinco por ciento. Este incentivo se aplicará de manera directamente proporcional al porcentaje de producción nacional independiente con el que se de cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior".

Sólo que la ley no aclara lo que entiende por producción independiente, lo cual posibilita a los consorcios a crear empresas subsidiarias, las cuales mediante facturación aparezcan como "independientes".

Un período de tres meses de cabildeo y de sesiones públicas para discutir esta nueva ley, aun no aprobada por la Cámara de Senadores tuvo expresiones de profundo rechazo. Por ejemplo, se dijo: El cambio del actual sistema de convocatoria y asignación gratuita de las concesiones por una licitación mediante subasta pública llega al absurdo de vender parte del territorio nacional, como lo es el espectro radioeléctrico, al mejor postor. Se advertía asimismo que si el Senado aprobaba la reforma, los dueños de estaciones de radio de amplitud modulada que son cientos, estarían condenados al rezago tecnológico y en consecuencia a la quiebra.

Y es que en estas reformas que dieron pie a la rápida identificación popular de la nueva ley, como Ley Televisa no se tomaron en cuenta ninguna de las recomendaciones hechas por los interesados mediante las audiencias públicas, foros, conferencias parlamentarias y otras actividades que la Comisión de Comunicaciones y Transportes llevó a cabo desde enero de 2001, llegando al extremo de no hacer consultas ni con la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El 23 de marzo de 2006, Andrea Becerril escribía:
"En un afán de impulsar la candidatura presidencial de Felipe Calderón, de manera repentina y a petición expresa del presidente nacional del PAN, Manuel Espino, la fracción de ese partido en el Senado acordó anoche votar en sus actuales términos la Ley Televisa, aunque no por unanimidad. Todos entendieron que la intención es apuntalar la campaña de Calderón en los medios electrónicos."

El 28, Karina Avilés reportaba:
"Organizaciones civiles, las 49 integrantes de la red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales, así como más de 200 intelectuales, académicos, y especialistas exigieron a los candidatos a la Presidencia y al Congreso manifestarse en contra de la llamada Ley Televisa por significar el más duro golpe a la soberanía del Estado en materia de telecomunicaciones, violar la Constitución y pretender un sobrecontrol de las instituciones mexicanas.

A su vez, el 30 Alma E. Muñoz y Laura Poy Solano, expusieron:
"Si el Senado aprueba sin modificaciones las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, los medios públicos de difusión corren el riesgo de desaparecer. El principal peligro es que el proyecto no incluye mecanismos que les permitan participar en el proceso de modernización que exigen los nuevos tiempos, especialmente por falta de financiamiento."

Hacia finales de aquel mes, Adolfo Sánchez Rebolledo analizó: "Queda la plenaria para decidir. No se esperan sorpresas. El gobierno del cambio y los poderes que representa están decididos a blindar sus intereses ante la eventualidad de la entrada de un gobierno, que, en principio, no los represente. La preocupación por el "populismo" es, en última instancia, un exorcismo contra la más leve amenaza al orden que los mima y protege. Durante años se mantuvieron a la sombra del poder; hoy, en cambio, ponen la legalidad a su servicio. Y, al hacerlo, demuestran su ausencia democrática, su falta de compromiso total con la construcción de un país menos injusto y desigual."

La noticia de Andrea Becerril del viernes 31 de marzo se titulaba:
"Quedó consumada en el Senado la ampliación del poder de la radio y la televisión". Sus subtítulos eran: " La reforma fue aprobada con 81 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones. La reforma abre el camino para que poderes fácticos puedan ponerse por encima del Estado." Y resumía: "Fueron 6 horas de discusión, que no debate, ya que los impulsores de la reforma evadieron en todo momento la confrontación de argumentos con quienes pidieron modificar esa minuta que dará todavía más poder al duopolio televisivo."

Las reacciones no se hicieron esperar y llegaron de todos los terrenos. Por ejemplo, el rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, José Lema Labadie aseguró que aprobar la minuta de reforma de la LFRT sin tomar en cuenta la opinión de especialistas, organizaciones civiles y ciudadanos, no sólo fue apresurado, sino un proceso en el que se olvidó que los medios de comunicación no son sólo un negocio sino también importantes herramientas para la educación y la difusión de la cultura. Se aludió también a la agresión a los medios de comunicación indígenas y al fortalecimiento de los poderes oligárquicos.

De nada sirvieron las argumentaciones. Con las firmas de los titulares de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación, el 11 de abril de 2006, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que dio entrada en vigor a la Ley Televisa en los mismos términos en que fue aprobada cuatro meses atrás en la Cámara de Diputados.


El jueves 10 de agosto Georgina Saldierna informó:
"El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de la controversia de inconstitucionalidad que promovieron los senadores, Javier Corral, Manuel Barttlet, Felipe de Jesús Vicencio, Dulce María Sauri y Adrián Alanís, quienes se opusieron a las reformas aprobadas a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión estará listo en los últimos 10 días de agosto.

No debemos dar por terminada esta intervención sin afirmar con la certeza que procuran las convicciones, que el país se enfrenta a una coyuntura histórica. Ante ella está la inserción al proceso mundial de la construcción de la justicia, el desarrollo, la dignidad y la libertad que implica no sólo la reformulación de una ley monstruosa como la Ley Televisa, sino la modificación a fondo de un complejo institucional que ha demostrado, en estas horas decisivas, su obsecuencia a los poderes oligárquicos. En el futuro muy cercano, ésta será una causa que podremos llevar adelante a partir de la organización, de la solidaridad y del compromiso.

Muchas gracias.

 

 

 

 



 

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